Grecia parece haber entrado en la recta final hacia un acuerdo básico con los acreedores y tras los avances técnicos se espera que el primer ministro, Alexis Tsipras, busque el apoyo político de Alemania y Francia.
Durante todo el fin de semana no ha habido informaciones oficiales, pero sí algunas entrevistas y filtraciones que apuntan a que en los últimos días realmente ha habido avances en las negociaciones con las denominadas "instituciones" (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional).
Según los medios locales, el Gobierno griego ha empezado a redactar un primer borrador de acuerdo, que incluiría los puntos en los que hay consenso y que Tsipras tendría previsto presentar a la canciller alemana, Angela Merkel, y al presidente francés, Francois Hollande, en una teleconferencia que podría tener lugar hoy mismo.
Hollande y Merkel tienen previsto reunirse mañana en Berlín con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, encuentro que podría servir para dar un impulso político al acuerdo.
Tras una reunión del equipo económico gubernamental el sábado que duró más de ocho horas, fuentes gubernamentales hablaron de una "mejora general en temas críticos", pero reconocieron que todavía hay algunos puntos que se tienen que aclarar todavía.
De acuerdo con informaciones de la agencia de noticias griega AMNA no confirmadas oficialmente, en las negociaciones en Bruselas hay convergencia de opiniones respecto al espinoso tema del impuesto sobre el valor añadido (IVA), la restricción de las jubilaciones anticipadas, así como la unificación gradual de los fondos de pensiones.
El debate sobre el IVA se había convertido en uno de los temas claves de los últimos días, pues los socios habían planteado una reforma del régimen de recaudación que contemple ingresos anuales por valor de 1.800 millones de euros, mientras que el Gobierno de Atenas ofrecía una propuesta que tan solo aseguraba recaudar unos 800 millones de euros.
El ministro del Interior, Nikos Vutsis, quien señaló el sábado en una entrevista con la cadena de televisión privada Skai que el gobierno confiaba en lograr por fin un acuerdo la próxima semana, dejó entrever que este compromiso supondrá aplazar algunas de las promesas electorales de Syriza.
"Algunas partes de nuestro programa podrían ser retrasadas seis meses o tal vez un año", dijo Vutsis.
Vutsis no ofreció detalles sobre cuáles podrían ser las medidas que se atrasarían pero en las últimas semanas varios ministros han adelantado que el controvertido impuesto inmobiliario que debía ser abolido este año en su formato actual, seguirá vigente hasta el próximo.
Además, entre las promesas que, según los medios, podrían no aplicarse de momento estaría la de eliminar el impuesto de solidaridad creado al estallar la crisis, o la de restaurar la base impositiva exenta en 12.000 euros al año (actualmente se pagan impuestos a partir del primer euro de ingresos).
El objetivo de Atenas es que el compromiso de mínimos que se pueda cerrar en los próximos días sirva para facilitar el desembolso -al menos parcial- de los 7.200 millones de euros del rescate y además incluya una referencia a una futura reestructuración de la deuda y a un paquete de inversiones.
Para Tsipras estos son dos puntos cruciales para que Grecia pueda volver al crecimiento y dos mensajes también fundamentales para poder obtener el respaldo de Syriza en una votación parlamentaria.
Tsipras necesita tranquilizar a sus filas no solo en esta cuestión, sino también respecto a otras decisiones que el gobierno ha tomado en las últimas semanas y que no han gustado a muchos de los diputados de Syriza.
Una de ellas fue el nombramiento de Lambis Tagmatarjis como director ejecutivo de la nueva radiotelevisión pública (ERT), que cosechó duras críticas entre parte de los sindicatos del ente público, así como de diputados de Syriza por tratarse de alguien que ya desempeñó ese cargo durante el Gobierno del socialdemócrata Yorgos Papandreu, firmante del primer rescate.
La protesta más reciente, esta vez incluso por parte de algunos miembros del propio Gobierno, ha sido contra la designación de una exdiputada del partido socialdemócrata Pasok Elena Panariti, como representante griega en el Fondo Monetario Internacional.
Panariti, nombrada por el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, había trabajado en el Banco Mundial y como asesora del que fuera presidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000).
